Marisol Rodríguez, presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, abordó en Cooperativa la resolución histórica de la Corte de Apelaciones que dictó el primer procesamiento por la sustracción ilegal de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En un fallo sin precedentes, el juez del tribunal de alzada de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis ordenó la prisión preventiva para cinco personas acusadas de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos niños en la comuna de San Fernando (Región de O'Higgins), entregados a familias extranjeras.
Ante el fallo, Rodríguez destacó que "somos miles de personas que buscan a sus familias, a sus hijos, dentro de todo Chile y además en el extranjero".
En ese sentido, señaló que "en el 2019 se dijo que eran 20.000 (las víctimas), pero hemos tenido reuniones con el ministro Alejandro Aguilar, y después de cinco o seis años se puede decir que es lo mínimo. Son 25.000 (adopciones), desde los años 80, o sea, faltan muchos (antecedentes) de antes, y se puede llegar a una estimación de unas 40.000 personas que salieron desde Chile".
Rodríguez, precisó que existieron dos tipos de projihamiento: "Las adopciones forzadas o ideológicamente falsas, que las hicieron asistentes sociales, en las que se hace un informe susceptible de adopción, pero con información falsa. Por lo tanto, pareciera una adopción legal".
"Y las apropiaciones, que son padres adoptivos –por decirlo de una manera bonita-, en la que ellos saben que están cometiendo un delito al pasar un hijo que no es propio, que no pasó por ningún sistema más que por el hospital, que le dijeron que había fallecido la mamá y nos cambiaron de familia. Esos son los que están en Chile", explicó.
Existía una red que se "repartió" el país
La Corte de Apelaciones logró acreditar que el motivo de esta sustracción de menores tenía un ánimo de lucro, donde cada guagua se vendía en 50 mil dólares de la época.
En ese sentido, Rodriguez detalló que existía una red de "religiosos, asistentes sociales, jueces, enfermeros, doctores. Se dividieron el país las juezas y los asistentes sociales, tenían el mismo modus operandi, pero lo hacían en distintas partes del país".
Una de las imputadas en la causa es la exjueza Ivonne Gutiérrez, que se encuentra en Israel y se espera su extradición, a quien se le apunta a que iba a poblaciones de San Fernando como facilitadora de la adopción ilegal.
"El caso de ella es la copia de otros que hay en La Araucanía, Concepción, en la que llegaban con furgones o con Carabineros, llegaba la asistente social a una casa donde ella había hecho ya una pesquisa para sacar a un menor de la casa y se lo llevaban. A algunos les tapaban la cabeza y los subían al furgón, y esos niños desaparecían"
Asimismo, especificó que "ya estaban comprometidos en el extranjero, porque había familias extranjeras que pensaban que estaban ayudando a un niño vulnerable, susceptible a adopción. Decían 'quiero adoptar" dos, tres niños, y ellos (la red) hacía esta recogida. Suena feo, pero es igual a comprar un animalito en una tienda de mascotas".
"Buscaban a esos niños y se los quitaban a las madres. A algunas les mentían que habían fallecido, a otras tácitamente les decían: 'si los buscas, te vamos a quitar los otros' o "te vamos a llevar presa'", afirmó.
Asimismo, detalló que la división por zona también hizo posible conocer a qué país se fueron los niños. "Por ejemplo, en San Fernando sabemos que la gran mayoría se fue a Italia y a Estados Unidos. En La Araucanía se fue a Suecia y otros a Francia, a Suiza también", precisó.
Por otro lado, sostuvo que existen antecedentes de adopciones ilegales "desde antes de los años 60, hasta incluso han salido informes, pero no podemos negar que en tiempo de dictadura fue una cantidad inmensa que salió desde el país al extranjero".
